Si hay jueces que no quieren cumplir las leyes aprobadas por el legislador, se están cargando la democracia y el Estado de Derecho. Nadie puede estar por encima de la ley y del artículo 9. 3. de la CE.
El tribunal andaluz dictó sentencia confirmada por el Supremo contra Chaves y Griñán, entre otros, por los ERE después de largos años de investigación alargando la propaganda política contra un partido, condenando sin pruebas a 9 años de inhabilitación a Chaves y 6 años de cárcel a Griñán por in vigilando. Aplicando esta teoría, sería condenable el gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial), por un delito que cometa un juez. La condena solo debió recaer sobre el director general que malversó y gastó el dinero en drogas. Ahora el Constitucional, en uso de sus competencias, anula la sentencia por no tener en cuenta los derechos fundamentales de los acusados.
Pero el PP desautoriza al Tribunal Constitucional por haber anulado una sentencia injusta. En el PP no decían lo mismo del TC cuando ellos tenían la mayoría conservadora. Hay tribunales que aplican las leyes en función de su ideología. Siempre pensé que en el caso de los ERE de Andalucía había más política que justicia. Pudo haber decisiones poco ajustadas al derecho administrativo, como pasa a diario en todas las administraciones, para eso están las reclamaciones. Pero los errores sin lucro personal no pueden ser causa penal.
Las subvenciones a los ERE fueron aprobadas por todo el Parlamento y no solo por Chaves y Griñán. En todo caso, cometerían delito todos los diputados que votaron a favor. El gobierno andaluz, dentro de sus competencias, aprobó los ERE para salvar empresas en crisis, creando un plan de empleo y prejubilaciones anticipadas. El caso curioso es que el actual gobierno del PP, al día de hoy, ni anuló los ERE, ni las prejubilaciones anticipadas que siguen pagando.
