El acuerdo que ha sellado el PSOE esta semana con Junts para el pacto de investidura incluye un bufé libre de lo que describía Orwell: un mundo desigualmente dividido a ambos lados del meridiano del agravio. A cambio de siete votos para formar gobierno se comprometen a una amnistía que cubra y exonere todo lo relacionado con el Procés: organización del referéndum ilegal, uso de dinero púbico para causas de secesión, declaración ilegal de independencia.
Puigdemont, la parte contratante de la segunda parte, ha exigido todavía más, que Cataluña se quede con el cien por 100% de los impuestos que recauda; la condonación del 20% de la deuda, con los intereses correspondientes, con el Fondo de Liquidez Autonómica. Esto que amenaza con extenderse a otras Comunidades Autónomas supondría la pérdida económica para las regiones con menos deuda y por tanto, un incentivo al gasto y no a la inversión. También la cesión de los Cercanías, que los jueces sean controlados y no me extrañaría que también la luna y el sol.
George Orwell afirma que “El nacionalismo es hambre de poder alimentada por el autoengaño”, de ahí que, tanto estos como los populismos, han deconstruido las reglas de la política. Detrás de la ausencia de palabra de Pedro Sánchez, y sobre todo de la aceptación con que su electorado disculpa la mentira, hay un fenómeno creciente de eliminación de las reglas convencionales de la política.
Así, hasta el 23 de julio la amnistía era absolutamente inconstitucional, pero desde el 24 ya lo es. Antes de las elecciones la Carta Magna impedía transferir los impuestos o la red ferroviaria de Cercanías, ahora ya no. Y como colmo, el prófugo que el Gobierno quería poner a disposición de la justicia, redacta un documento en el que el Estado admite su persecución ilegítima.
La realidad española parece una inmensa fake news, donde todo parece mentira, por inaudito, pero es verdad. El esperpento lo dirige, protagoniza y promueve el presidente del Gobierno. Ni memoria, ni relato, ni verdad. Todo por unos años más creyéndose Napoleón.
El rasgo clave que define ese poder absoluto es que quien lo ostenta considera que todos sus actos están cargados de razón y, por tanto, no deben rendir cuentas ante ningún estamento, ni siquiera a la sociedad. La voluntad del líder se transforma en ley y los equilibrios propios del régimen de garantías se transforman en un vestigio. Sánchez ha dado ese salto adelante, en cuanto ha aceptado que cualquier medio es legítimo para blindar su presidencia a partir de la compra de unos pocos votos de los enemigos de la España constitucional y sus instituciones.
Por lo pronto, y sin necesidad de conocer la letra de la ley de amnistía, las asociaciones de jueces, fiscales, abogados, procuradores y abogados del Estado, y el propio Consejo General del Poder Judicial, han manifestado su preocupación por el daño que esos pactos van a causar al Estado de derecho.
La inmoralidad no es legal o ilegal pero es mortal para el alma. Todo lo que sucede en España para que Pedro Sánchez llegue a formar Gobierno, no lo aguantarán ni los tribunales, ni tampoco la vergüenza. Sin embargo, como alguien ha dicho, lo que ahora resta es prepararnos y “disfrutar” de lo que algunos han votado y de todo lo que nos ha mentido este infame canalla, porque esto no ha hecho más que empezar.
