La mayor parte de nuestros políticos y gobernantes siempre hablan, públicamente, del cumplimiento de la legalidad vigente.
Aparte de que son ellos los encargados de legislar, no llego a comprender de que tipo de legalidad hablan, si de las leyes ordinarias, de los Reales Decretos Leyes, de los Reglamentos, de la Costumbre, de los Principios Generales del Derecho, de los
Derechos Humanos o de nuestra ley de leyes, como es la actual Constitución del 78.
En realidad, como ninguna disposición legal puede ser contraria a los principios inspiradores de la propia Constitución, nos encontramos, en la propia realidad, con demasiadas violaciones de los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas. Como puede ser el caso del derecho a la vida, a la libertad ideológica, el derecho al honor, la garantía de la libertad de pensamiento, a la participación en asuntos públicos, al derecho efectivo de obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, el derecho a la
protección de la salud, a la educación y cultura, al progreso social y económico, el derecho a una vivienda digna y un largo etcétera de derechos que se ponen en evidencia por falta de la necesaria valentía política.
Oigo a cantidad de compañeros, que se dedican a la política o están en la vida pública, de que cuando llegan a tener la responsabilidad de gobernar ya son otros los intereses. Por eso siempre les aconsejo que llega el momento de que afloren los valientes y decididos para hacer respetar la Constitución (en
todos sus artículos) y los Derechos Humanos, por encima de cualquier otro tipo de interés partidista.
