El Gobierno, en sesión del Consejo de Ministros celebrada este martes, decidió la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2023, de 6 de julio, de Ordenación y gestión integrada del Litoral de Galicia, aprobada por el Parlamento autonómico con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de BNG y PSOE.
La decisión del Gobierno, práctico en estas técnicas marrulleras, se produce en el último día posible de presentación de dicho recurso, se hace en base al Dictamen 991/2023 del Consejo del Estado, se realiza en indisimulada confrontación con el Gobierno de la Xunta, dado el diferente color político de La Moncloa y San Caetano, y en una evidencia más de la continuada falta de diálogo entre ambas instituciones, pero sin que tal responsabilidad sea achacable solo a una de ellas. Más aún, mientras una reitera tales provocativos desencuentros, la otra se limita al permanente lloriqueo de “condenar”, “lamentar”, “rechazar”…
Pero al margen de esas ventajistas prácticas gubernamentales –sobre las que, a la vista de lo que ocurre con consecuencias de más gravedad para los pilares democráticos españoles, sólo los ingenuos pueden invocar un candoroso desconocimiento- la decisión del Consejo de Ministros se fundamenta en un dictamen del Consejo del Estado, que ve invasión de competencias de la Autonomía en el Estado, lo que, cierto o discutible, sitúa la decisión en un plano estrictamente administrativo y, si se quiere, judicial.
Por eso no se entiende que en irrefrenable pataleta infantil el Partido Popular de Galicia trate de situar el problema en el plano de la confrontación política sin pararse a pensar si acaso hay argumentos de Derecho irrefutables en esa decisión gubernamental que tan a la ligera califica de arbitraria. Es más, sin entrar a enjuiciar si la decisión del Gobierno central tiene algún viso de legalidad, se atreve a sugerir al BNG que ponga como almoneda de su voto a favor de la investidura de Sánchez el visto bueno a la recurrida Ley gallega. ¿Hay alguien en este país que respete de verdad del estado de Derecho?
Porque tal actitud sitúa al PP en idéntico plano de irresponsabilidad de la que viene culpando a Pedro Sánchez y su partido, al deslegitimar con esos berrinches infantiloides -¿acaso para tapar una propia ineptitud?- una de esas instituciones del Estado que el PP se muestra tan decidido a respetar y que en el caso que nos ocupa, el Consejo del Estado, hunde sus raíces fundacionales en 1526, a iniciativa de Carlos V, como supremo órgano consultivo del Gobierno de España y que, en confesión de parte, “basa su actividad en la reflexión, el diálogo y la excelencia jurídica a la hora de emitir los dictámenes, mociones, informes y propuestas de reforma” al tiempo que “sitúa en el centro de sus preocupaciones la lealtad constitucional y la defensa del Estado social y democrático de Derecho, como expresión de los derechos de la ciudadanía”.
Cierto que no sería la primera de las instituciones trufada de la más degradante intervención gubernamental en esa deriva sanchista de hacerse con la totalidad de los poderes del Estado.
Pero sólo desde la constatación fehaciente de los hechos que avalen dicha dependencia pueden ponerse en tela de juicio a todos los organismos e instituciones públicas. Es más, el mero enunciado de los integrantes de la Comisión Primera del Consejo de Estado, que dictaminó sobre la inconstitucionalidad de la Ley gallega, pareciera ser suficiente argumento para alejar tales sospechas de sumisión al Gobierno. Presidida por uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, por cierto que portavoz del Grupo Popular en el Congreso entre 1982 y 1987, integran dicha Comisión el Letrado Alfredo Dagnino Guerra, que cuenta en su currículum con haber sido presidente del Grupo Intereconomía además de haber presidido la Fundación Radio María de España y la Fundación Universitaria San Pablo
CEU así como consejero de Radio Popular-COPE; el letrado José Joaquín Jerez Calderón, doctorado en Derecho y profesor de la Universidad de Comillas y secretario del patronato de la muy católica y tradicionalista Fundación Speiro, y, por último, la letrada Pilar Cuesta de Loño, Letrada del Consejo de Estado desde su ingreso por oposición a principios de 2005 con el número 1 de su promoción y Doctora en Derecho con calificación Sobresaliente Cum Laude.
¿Cabe alguna sospecha sobre la voluntad de dichos miembros de enlodar las togas de su responsabilidad en el barro de la irresponsabilidad inconstitucional como predica Conde- Pumpido?
No está el litoral gallego viviendo el mejor de los momentos posibles. Polémica por los eólicos marinos, confrontación sin resolver mexilloeiros/percebeiros, continuados recortes de la flota y de las capturas, amenaza ecologista sobre la ría de Noia, suma también esa indefensión que, cual indisimulada amenaza, pende sobre el futuro de más de cuatrocientas industrias que ocupan ese litoral tan en polémico mientras la política, la de Madrid, Santiago y hasta Europa, se dedica, en sus particulares guerras partidistas, a dilucidar si son galgos o podencos. Y así nos va.
