El ajustado tablero político que dejó el 23 de julio está sirviendo como excusa a los independentistas catalanes para plantear un listado de exigencias para poder prestar su apoyo a Pedro Sánchez. Así, siguiendo las palabras de SanLucas, “al que mucho se ha dado mucho se pedirá”, Sánchez parece que ha empezado a pagar y para elegir a Francina Armengol, presidenta del Congreso, ha tenido que hacer importantes concesiones, preludio de una negociación más exigente para investirle presidente.
Las principales reivindicaciones de los de Carles Puigdemont que han encontrado una oportunidad inesperada para salir de su irrelevancia política, son variadas y variopintas. Primero, que el catalán pueda usarse en el Congreso y Senado y ser considerado lengua oficial de la UE. Segundo, la apertura de comisiones de investigación sobre el espionaje de Pegasus y de los atentados de Barcelona y Cambrils (según la teoría conspiranoica independentista el CNI podía haberlos evitado). Y tercero, amnistía para los implicados en el referéndum ilegal de autodeterminación de octubre de 2017.
Junto a esto también sobrevuela la petición de convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Claramente ambas cuestiones vulneran la Constitución, pero nunca se sabe porque en España lamentablemente la política está todavía por encima de la justicia.
Estas peticiones, además de la exigencia de terminar con el déficit fiscal o la aprobación de un nuevo estatuto de autonomía, pretenden demostrar quien lleva la batuta del independentismo y desgastar a ERC en horas bajas, incapaz de rentabilizar el Govern y con muy malos resultados en las elecciones municipales y generales.
Llegados a este punto las preguntas son: ¿en el marco de un proceso de investidura a presidente del gobierno se puede negociar con contrapartidas que vulneran la Constitución? ¿se puede ocultar a la opinión pública esas contrapartidas?
La política española definitivamente se ha instalado en el absurdo, la sinrazón y el sinsentido de Estado por la ambición y ansia de poder de un sujeto sin principios ni escrúpulos, que probablemente seguirá en la Moncloa, a pesar de haber sido derrotado en las urnas, dirigido por un delincuente prófugo desde Bruselas. En otras palabras, con Sánchez España será gobernada por partidos testimoniales con poco apoyo y que sólo ambicionan romper el país.
Hace unos días, Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, recordaba la paradoja de que el Gobierno “dependa de alguien que dice y repite que la gobernabilidad de España le importa un carajo” y llamaba a la reflexión para “concebir el Estado que queremos y cómo deben funcionar las instituciones antes de tener que ceder a la presión del momento”.
Por cierto, un gobierno conformado mediante chantaje, va a ser tremendamente inestable, porque cada paso legislativo supondrá el pago de nuevos peajes que no serán baratos, porque ya se sabe que los independentistas son insaciables.
España solo va como un tiro en los sueños de Sánchez y todo esto no hará sino agudizar los problemas que ya tenemos: crecimiento real menor, más paro y pobreza, y menor renta per cápita con mucha más deuda y presión fiscal. Pero eso sí, lo importante es que todos hablaremos catalán.
