Es normal que en el cuerpo técnico de un club haya especialistas que analicen al árbitro, que estudien su carácter y manías, su permisividad en el juego o su rapidez sacando tarjetas y eleven esos informes al entrenador y jugadores.
Lo que no resulta normal es que cinco presidentes del Barcelona hayan pagado durante 17 años siete millones de euros al ex árbitro Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros (CTA) y no es creíble que fuera solo para hacer informes y “asegurarse de que los árbitros no tomaban decisiones en contra”.
Negreira no arbitraba, pero influía en las designaciones arbitrales, en ascensos y descensos de categoría y en repartir la internacionalidad. Curiosamente, cuando cesó en el CTA el equipo catalán prescindió de él y exigió pagos por “tantos favores prestados, confidencias compartidas” y la dedicación exclusiva que le habían exigido. En el fútbol español hubo amaños de partidos -recuerden un Levante-Zaragoza que
llevó al Dépor a segunda-, jugadores condenados por dejarse perder, el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) bajo sospecha de corrupción, su compadreo económico con Piqué para llevar la supercopa a Arabia y más irregularidades cercanas a la corrupción.
Pero esta relación Negreira-Barça es el escándalo más grave del deporte en España que perjudica gravemente al fútbol, siembra la desconfianza en la labor arbitral y es una burla al aficionado que pierde la fe en la limpieza de las competiciones Ocurre que a este deporte no llegó la Transición democrática. La FEFque gobierna ese mundo proceloso está protegida por la FIFA a la que el Parlamento Europeo atribuía en noviembre una corrupción “rampante, sistémica y arraigada”. La misma Federación se rige por sus leyes que impiden acudir a la justicia ordinaria, niegan la libertad de expresión a jugadores y entrenadores sobre actuaciones arbitrales y pasa de la escala de valores de la sociedad. En algo así como un “estado independiente” dentro del Estado español.
Sobre la asesoría de Negreira es escandaloso el silencio del estamento arbitral, de la propia FEF y, sobre todo, del ministro de Deportes y del Secretario de Estado del Consejo Superior. Claro que, si el Gobierno fue tan complaciente con los independentistas, no esperen que vaya a molestar ahora al Barça, emblema del nacionalismo que, como siempre, se refugia en el victimismo: “Es un tema de Madrid, quieren desestabilizarnos”, dice Laporta.
Que la Fiscalía siga investigando, llegue hasta el final y determine si hubo corrupción entre particulares, arbitrajes comprados y adulteración de las competiciones. Es importante destapar todas las miserias para limpiar al fútbol.
