Pedro Sánchez, con voz engolada y gestos de cómico debutante en un teatro de barrio, saco pecho anunciando que las ayudas económicas que empezaron en 2022 y algunas otras, se extenderán a lo largo de este 2023. Se trata de medidas electoralistas, peronismo puro, que tratan de ocultar su infinita inconsistencia como gobernante y captar votos en las trascendentales elecciones generales de finales de año.
Es razonable y pertinente que el Gobierno actúe para aliviar el efecto que la crisis energética y la inflación están teniendo sobre los ciudadanos. Por tanto bienvenidas unas ayudas propuestas por el PP hace meses y descartadas antes por Sánchez: eliminación durante seis meses del IVA de los alimentos de primera necesidad, 200 euros para familias vulnerables, mantenimiento del tope del precio del alquiler, retirada de la bonificación del combustible, además de prorrogar los planes en materia de desahucios, suministros esenciales, bono social o ingreso mínimo vital. En total, 45.000 millones de euros.
Contrasta la ayuda de 200 euros a las familias con los 400 euros del Bono Cultural Joven que el Gobierno dio en 2022 a los jóvenes que cumplían 18 años (medio millón). Una manera burda de captar votos, dinero fresco para comprar voluntades.
Estas medidas anunciadas como antiinflacionarias que castigan de manera sistemática a las rentas más altas y aumentan de forma sostenida e irresponsable el gasto público, chocan con otras claramente inflacionistas, como el aumento del 8,5% en las pensiones, o la propuesta de subir los salarios para paliar la pérdida de poder adquisitivo. Regando España con una lluvia de subvenciones que beneficiarán a ocho millones de personas, se busca también aplacar el coste político de impopulares reformas como la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación o el fiasco de la ley del sí es sí.
Que nos esperará en 2023, después de un año sombrío y desalentador que no ha dado tregua a la ingeniería social y al despropósito legislativo de dar carta de normalidad a lo anormal. Se ha alentado a los independentistas a repetir su desafío constitucional, se alardea de tener la menor inflación de Europa, aun cuando la cesta de la compra ha subido un 15%, se rebautiza a los parados como fijos discontinuos, para falsear los datos de desempleo y los fondos europeos se encuentran infrautilizados por pura incompetencia administrativa.
Sánchez también ha dejado claro que en España sólo hay sitio para un soberano y así, hace esperar al Rey en el desfile del 12 de octubre pasado, le desaira en un viaje protocolario en AVE, le congela el presupuesto (mientras él se sube el sueldo), o evita informarle del cambio de política en relación al Sahara, a pesar de su deber constitucional de hacerlo. Y todo porque sabe que la superioridad ética y el prestigio personal del Rey es la única contrafigura potente a su inequidad de tirano.
Las ayudas anunciadas equivalen a 4 puntos del PIB y representan una huida hacia delante que cronifica los problemas estructurales de la economía española, e hipoteca a futuras generaciones que tendrán que cargar sobre sus hombros con el pago de una deuda pública galopante. La situación que vivimos es mala para los españoles y buena para Sánchez y sus socios. La obligación moral del país será cambiar esta situación por un futuro mejor.
“Cultura, reconocer el éxito y administrar la posteridad”. Alberto Barciela
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