Constantino de Grecia subió al trono muy joven y le toco vivir unos años convulsos que culminaron en el golpe de los Coroneles en 1967 con los que apareció en una imagen que le persiguió toda la vida. Cuando cayó la dictadura tuvo que marchar del país y el referéndum de 1974, que nunca reconoció, proclamó la Tercera República Helénica que
le llevó al exilio hasta su regreso a Grecia en 2014.
Su muerte me lleva a recordar que su cuñado, Juan Carlos I, no solo no se fotografió con los golpistas en 1981, sino que paró el golpe contra el orden constitucional. El día 5 cumplió años y tampoco pudo celebrarlo en España. Dicen los que le tratan que lleva una vida discreta y tranquila en Abu Dabi, que está en buen estado físico y anímico y suspirando por volver.
Dos meses y medio después de que la Fiscalía archivara la investigación contra él vino a Sanxenxo en visita privada, expresó su intención de volver con frecuencia y dejó la puerta abierta a regresar definitivamente. Un allegado que mantiene contacto con él declaró a Efe que “querer, quiere volver, otra cosa es que pueda. Él ya ha tenido su pena de telediario y sus penas fiscales. Más no puede hacer”.
Lo cierto es que no le dejan venir. Está exiliado sin que haya sido condenado, sin que tenga causas judiciales abiertas y sin que los españoles sepamos por qué y quien dictó esa “sentencia de destierro” que sufrieron cien de españoles durante la dictadura, pero es un castigo impropio de una democracia.
De su vida privada perduran algunas sombras de comportamientos indebidos, pero pesan más las luces como Jefe de Estado artífice de la Transición de la dictadura a la democracia. Su obra y su legado fueron la España democrática que disfrutamos, cuestionada ahora por los que tienen el poder que necesitan aislarle para seguir con el proceso de desmantelamiento del régimen del 78. A la vez, el castigo del destierro al padre es una forma de amedrentar al hijo, el Rey Felipe VI.
Es imposible entender que un Gobierno que derogó el delito de sedición y rebajó el de malversación al dictado de los delincuentes ejerza de juez implacable del Rey emérito que, después de las investigaciones más rigurosas y exhaustivas, ni está imputado, ni tiene causas pendientes. Que el ministro Bolaños diga que marchar de España fue una decisión suya, es una falacia, fue una decisión gubernamental e impuesta.
Los españoles, sean monárquicos o republicanos, salvo los que lleven el odio inoculado en vena y la venganza incrustada en sus entrañas, quieren que ese destierro se acabe para que el viejo Rey -tiene 85 años- regrese a su país donde tiene derecho a fijar la residencia. También por imagen de España y de su democracia.
