El Derecho Internacional del mar ha incluido, desde antiguo, normas que han impuesto a todos los navegantes el deber de salvar a toda persona que se encuentre en peligro en el mar. Esta situación es importante tenerla en consideración una vez que la migración a pesar de que no es un fenómeno nuevo, en los últimos años, el número de migrantes ha crecido mucho y se prevé que siga haciéndolo debido al cambio climático, a la hambruna y a la miseria.
Esta realidad consiguió que la ONU lograse un acuerdo global a través del “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, donde los estados miembros se comprometen a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes en sus viajes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario.
Hay que reseñar que este pacto mundial no es jurídicamente vinculante, pero la ONU no tiene ninguna duda de que todos los estados miembros se van a sentir políticamente comprometidos. La triste realidad cotidiana pone en evidencia el “pasotismo” de muchos países que obliga a las diferentes organizaciones no gubernamentales a tomar cartas en el asunto al entender que por encima de los intereses políticos particulares debe tenerse presente que la obligación de salvar vidas en el mar es un principio superior, reconocido ampliamente en el Derecho Marítimo Internacional, y en Europa, por parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros.
