Cualquier gobernante que se precie, bien sea de ámbito local, provincial, autonómico, estatal o europeo tiene que tener claro que debe gestionar la gobernabilidad para la mayoría de la ciudadanía.
Adoptar todas las medidas, disposiciones legales o decisiones gubernamentales acordes a la realidad social que se viva en cada momento y con la valentía necesaria.
Actualmente, después de la pandemia del Covid 19, Europa vive momentos delicados económicamente como consecuencia de una serie de factores externos que perjudican los compromisos políticos de los gobiernos nacionales y autonómicos.
En la mayoría de los países occidentales, se incrementa el nivel de pobreza, de la desigualdad social, aumenta la inflación y el desempleo, se incrementan los tipos de interés, bajan las exportaciones, suben desorbitadamente los precios de la energía y los carburantes, etc..
Ésta es la realidad, y frente a ella hay dos opciones: una de ellas, dejarse llevar por la corriente y que todo vuelva a su curso o bien adoptar medidas valientes, realistas y prácticas para aminorar las consecuencias económicas para las familias más humildes que apenas pueden llegar a fin de mes.
En España, como en algunos otros países de la Unión Europea, se están estudiando el poder gravar fiscalmente los beneficios extraordinarios a las grandes empresas eléctricas y grupos financieros. Asimismo, en España, se está dialogando para buscar un pacto con los grandes distribuidores de la alimentación para limitar los precios de ciertos productos básicos y de calidad por un período concreto y ante éstas situaciones excepcionales.
