El próximo 14 de julio el Congreso aprobará la ley de Memoria Democrática, una norma para el escándalo que se ha agudizado por el protagonismo de Bildu, después de que el Ejecutivo hiciera suyas varias enmiendas de los proetarras. Esta ley nace viciada porque es discutible que una democracia pueda fijar la memoria civil por ley, más allá de prohibir expresiones de odio como la apología del terrorismo. Pero la obsesión revanchista ya iniciada por Zapatero de enterrar el legado de conciliación que convirtió la Transición en el monumento político más admirado de la España contemporánea dentro y fuera del país es un drama.
La historia, como ciencia, no avanza por las componendas parlamentarias de un puñado de partidos. Aspira a fijar objetivamente los hechos acaecidos (pese a quien le pese), y a trabajar con documentos y testimonios y no con votos. La verdad no es opinión y a los hechos no se llega por consenso sino por
conocimiento y por la libertad para expresarlo. Precisamente lo que faltó en el País Vasco, porque ETA, para controlar el relato, asesinaba a los que discrepaban de su proyecto totalitario de extrema izquierda nacionalista.
El volantazo institucional socialista de más de cuatro décadas supone una decepción difícil de asimilar, aunque congruente con la manera de hacer de la coalición socialcomunista. Son capaces de todo en pos de su proyecto de involución política, social, cultural y moral, sin respeto por resorte ni principio
alguno, incluidos aquellos claves para todas las democracias del mundo.
Con esta ley el Gobierno pretende, con los albaceas de los verdugos, enhebrar un relato histórico que será de estudio obligatorio en los colegios, que blanquee a ETA y que se la recuerde como una banda de idealistas que hicieron sufrir porque sufrieron. A las víctimas se les da la espalda y se las coloca en el
mismo estante que los asesinos, los compadres de Otegi, que ya lo son también de Sánchez.
Si pactar con ETA deshonra a cualquiera, hacerlo en el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y secuestro de Ortega Lara es regodearse en la indignidad. Ahora los niños no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, víctimas de una inducción al olvido que es inversamente proporcional al
esfuerzo dedicado a rescatar otros episodios como Franco y la Guerra Civil.
La memoria democrática de España la escribirá Otegi, pero la firmará Sánchez, en la penúltima bellaquería de quien es capaz, como decía Siniestro Total, de bailar sobre la tumba de sus propios compañeros para garantizarse un día más en la Moncloa. Nada de esto escandaliza a los que dependen de la oficina de colocación del partido, o a los votantes de piñón fijo que no cambian ni aunque les lleven a la ruina económica y moral. ¡Pero usted y yo, gente normal, libre y crítica no nos vamos a escandalizar y decirlo!
