Estimado Sr. Presidente del Gobierno: Una vez que el Gobierno del Estado está trabajando en la elaboración de un proyecto sobre la futura LEY DE VIVIENDA sería muy importante tener en consideración sobre lo fundamental del asunto para dar real y justo cumplimiento al artículo 47 de la propia Constitución española. Por la experiencia del trabajo y la lucha por la defensa, sin complejos y sin miedo, del DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, a lo largo de muchos años, demasiadas personas y colectivos conocemos desgraciadamente la realidad de miles de familias que han sido desalojadas de sus viviendas habituales y se han quedado con las deudas hipotecarias o de los propios impagos de las rentas de los alquileres. Quedando muy limitadas para poder seguir adelante con sus vidas y mirando al futuro con miedo y el temor a que les pueden embargos sus salarios o cualquier otro bien que dispongan. Sr. Presidente, lamentablemente se sigue DESAHUCIANDO a familias vulnerables a pesar del Decreto de suspensión de los desalojos por la Emergencia Sanitaria y el Estado de Alarma decretado, como consecuencia del Covid, por parte de ese Gobierno. Ejecuciones Hipotecarias siguen su tramitación judicial y se producen tomas de posesión, muchas veces sin contar con los preceptivos informes sociales, de los correspondientes Departamentos municipales de los Servicios Sociales. Lo que es peor incluso, sin ofertarles ningún tipo de ALTERNATIVA HABITACIONAL. La futura LEY DE VIVIENDA tendrá que garantizar realmente el DERECHO A LA VIVIENDA, por ser un Derecho Fundamental y un DD HH, según se reconocen desde diferentes Organismos Internacionales. Para eso se tienen que articular medidas legales para que, tanto el Gobierno del Estado como las CC AA y los Ayuntamientos, puedan disponer de la capacidad de “intervenir” en el mercado mobiliario de los llamados “grandes tenedores” o “fondos de inversión” que disponen de miles y miles de viviendas vacías en todo el territorio nacional, a la espera de los momentos propicios para “la especulación inmobiliaria”. Lógicamente. Sr. Presidente, la “intervención” no tiene porque suponer “expropiación” sino que se puede y tiene que llegar a acuerdos puntuales sobre la “cesión temporal” de los inmuebles para dar solución a los casos urgentes de EMERGENCIAS HABITACIONALES y las correspondiente ALTERNATIVAS HABITACIONALES para FAMILIAS VULNERABLES. Sr. Presidente, sería muy necesario afrontar la realidad sobre la importancia de los ALQUILERES SOCIALES y para eso hay que contar con VIVIENDAS PÚBLICAS o a través de la firma de CONCIERTOS PRIVADOS con particulares para poder contar con un PARQUE DE VIVIENDAS asequibles para las familias vulnerables que carecen de los recursos suficientes para acceder al mercado inmobiliario actual. Hay muchos ejemplos en países europeos avanzados, desde hace décadas, y donde el problema de garantizar el Derecho a la Vivienda no existe porque todas las familias vulnerables tienen un techo, mientras no cambie su situación económica o familiar, y con rentas asequibles. Sr. Presidente, recordamos que hace algunos años, ciertas Administraciones Públicas entendían el derecho al acceso a la vivienda como una cuestión privada, entre particulares (familias y entidades financieras). Pensaban y manifestaban, sin ruborizarse, que si una entidad financiera desahuciaba a una familia era porque no se cumplían con el contrato hipotecario y tenían todo su derecho a desahuciar, aunque la vivienda quedase vacía durante largos años. Hoy, afortunadamente, han cambiado las cosas y hay una mayor implicación y preocupación por parte de las diferentes administraciones y organismos públicos y entienden que el problema de la vivienda ya no es una cuestión menor ni privada, entre las partes contratantes. Sr. Presidente, en estos asuntos tan importantes para la sociedad en general lo que es fundamental es tener VOLUNTAD Y VALENTÍA POLÍTICA para que nadie se quede atrás y que la JUSTICIA SIOCIAL sea cada vez una realidad más tangible. Ojalá sea una Ley eficaz y ayude al desarrollo de la Constitución, después de más de cuarenta años de vigencia. Gracias. Atentamente, José Manuel Pena Portavoz Plataforma “Stop Desahucios” Barbanza
“Aprobado alto dos galegos para o sistema sanitario da Comunidade Autónoma”. Antón Luaces
En 2022, os galegos valoraron con 6,5 puntos sobre 10 o sistema público de saúde da comunidade autónoma de Galicia. Foi este o último barómetro sanitario do Centro de Investigacións Científicas (CIS). Malia os datos que outorgan este aprobado alto ao sistema, o cadro...