La muerte en acto de servicio de dos guardias civiles el pasado viernes debería volver a golpear la conciencia de nuestro país. Detrás de cada uniforme hay una familia, unos padres, unos hijos, unos compañeros y una vida entregada al servicio de España. Hoy corresponde, antes que nada, trasladar todo el afecto, cercanía y respeto a quienes han sufrido esta pérdida irreparable. Ninguna palabra aliviará el dolor de sus seres queridos, pero sí debe quedar claro que su sacrificio no puede caer en el olvido ni quedar reducido a una estadística más.
La Guardia Civil es una de las instituciones más respetadas y valoradas por los españoles. Y lo es porque detrás de ese reconocimiento existe una trayectoria de servicio callado, discreto y muchas veces ingrato. Miles de hombres y mujeres visten cada día ese uniforme con la única voluntad de proteger a los demás, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Lo hacen lejos de los focos, sin buscar aplausos, soportando jornadas difíciles, presión constante y escenarios cada vez más peligrosos. Merecen admiración, gratitud y, sobre todo, respaldo.
Sin embargo, demasiadas veces el Gobierno se ha instalado en la indiferencia hacia quienes garantizan nuestra seguridad. Durante años, asociaciones profesionales y agentes destinados en las zonas más conflictivas del litoral andaluz han venido advirtiendo de la realidad alarmante del narcotráfico, que ha incrementado de forma exponencial su capacidad operativa. Las organizaciones criminales cuentan hoy con embarcaciones más rápidas, redes logísticas más sofisticadas, métodos más violentos y mejores armas. Frente a ello, los guardias civiles continúan reclamando medios, refuerzos y protección adecuada.
A esa sensación de abandono se suma además el desprecio institucional del presidente Pedro Sánchez y de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que decidieron no asistir al funeral de los guardias civiles fallecidos. Un gesto difícil de entender, porque cuando dos agentes pierden la vida defendiendo la legalidad, lo mínimo exigible a quienes gobiernan es acompañar a sus familias y mostrar respeto a sus compañeros.
Las demandas de los agentes son razonables y urgentes. Reclaman más embarcaciones operativas, mejores equipos de protección, refuerzo del Servicio Marítimo y una profunda reforma organizativa que permita responder con eficacia a la amenaza que intentan combatir. También exigen la declaración del Campo de Gibraltar y otras áreas del litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad, una medida necesaria para mejorar incentivos y condiciones laborales de quienes trabajan en destinos especialmente peligrosos. Del mismo modo, piden una mayor coordinación entre cuerpos de seguridad y el endurecimiento de las penas para quienes colaboran con las redes del narcotráfico.
España tiene una deuda moral con su Guardia Civil. No basta con homenajes sentidos cuando ocurre una tragedia. El verdadero reconocimiento consiste en dotarles de medios, concederles el estatus de profesión de riesgo, escuchar sus reclamaciones y garantizar que puedan desempeñar su labor con seguridad y dignidad. Honrar la memoria de estos dos agentes exige algo más que minutos de silencio, exige decisiones, compromiso y responsabilidad política.
