Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos fue el ejemplo mundial del
libre mercado: empresas privadas compitiendo entre sí, innovación tecnológica
impulsada desde abajo y un gobierno que actuaba más como árbitro que como
jugador. Esa imagen, sin embargo, empieza a difuminarse. Hoy, Washington
parece avanzar hacia lo que los economistas llaman capitalismo de Estado.
A diferencia del socialismo, el capitalismo de Estado no elimina la propiedad
privada. Lo que hace es subordinarla a los objetivos estratégicos del gobierno.
China es el caso más claro: empresas privadas que operan en el mercado, sí,
pero bajo un marco definido por Pekín. El Estado fija prioridades, financia
industrias clave y protege a determinados operadores económicos.
El problema es que, con esta estrategia, se altera la esencia del capitalismo.
Cuando el gobierno se convierte en gran inversor y planificador, la competencia
pierde fuerza. Las empresas ya no compiten solo por innovar y ganar clientes,
sino por obtener acceso a los programas públicos.
Esta intervención masiva tiene un coste. Las ayudas y los subsidios elevan el
gasto público y agrandan los déficits. Los precios dejan de reflejar la realidad
del mercado y decisiones que deberían depender de la demanda o la eficiencia
quedan sujetas a criterios políticos. El propio Fondo Monetario Internacional ha
advertido que los subsidios industriales masivos, si no se gestionan con
cuidado, pueden generar ineficiencias y tensiones comerciales internacionales.
Uno de los sectores más impactados por esta deriva es el de la tecnología
verde, donde empresas como Tesla, en EE.UU., o Northvolt, en Europa,
dependen cada vez más de incentivos públicos para desarrollar baterías y
vehículos eléctricos. También la industria de semiconductores ha sido objeto de
fuertes intervenciones: Intel y TSMC han recibido miles de millones en
subvenciones para instalar fábricas en suelo estadounidense. El mensaje es
claro, quien no se alinee con las prioridades del gobierno corre el riesgo de
quedar rezagado. Este fenómeno distorsiona la competencia y genera una
economía dual: una altamente subvencionada y otra condenada a sobrevivir al
margen del nuevo orden económico.
Quizá convenga recordar la advertencia de George Orwell: “El poder no es un
medio; es un fin”. Cuando los gobiernos se convierten en actores económicos
dominantes, el riesgo no es solo perder eficiencia, sino libertad. Como advierte
el economista Dani Rodrik, un exceso de intervencionismo sin controles
democráticos puede debilitar las bases mismas de la economía abierta que se
busca proteger.
Si este cambio de paradigma se consolidase, EE.UU. podría abandonar el libre
mercado que lo convirtió en potencia para adoptar un modelo de capitalismo
dirigido, no muy distinto del chino. La paradoja es inquietante, al tratar de
competir con Pekín, Washington corre el riesgo de imitar su modelo y erosionar
los principios que lo distinguieron durante décadas. Europa, a su vez, queda
atrapada en una carrera que debilita su cohesión económica y limita su
capacidad de competir. Lo que está en juego no es solo una estrategia
industrial, sino el tipo de economía y de sociedad que queremos preservar. Una
que preserve lo que siempre fue nuestra mayor ventaja: la innovación nacida
de la libertad.
