Una persona mayor vive sola en un edificio. Los vecinos con los que se encuentra en el portal la saludan cortésmente, intercambian con ella algunas palabras y hasta le abren la puerta del ascensor porque llega cargada con la compra. Todos cumplen las normas de convivencia. Sin embargo, puede que lleve días sin mantener una conversación de verdad, sin que nadie le haya preguntado cómo está o si necesita algo. No hay nada que reprochar. Pero ¿hemos hecho lo correcto?
Aquí empieza una de las grandes confusiones de nuestro tiempo. No tenemos presente que hay decisiones que son justas y otras que, aun siendo legales, no son necesariamente correctas. Puede parecer un matiz más propio de una conversación filosófica, pero tiene mucho más recorrido del que pensamos. Sobre todo cuando hablamos de política.
Hacer lo justo exige respetar reglas, reconocer derechos y aplicar la ley con equidad. Hacer lo correcto requiere algo más. Obliga a mirar más allá de la norma, a preguntarse por las consecuencias de nuestras decisiones y, sobre todo, a tener la honestidad suficiente para reconocer cuándo el interés propio se interpone en el camino del bien común.
La política y la vida pública nos ofrecen ejemplos casi a diario. Un gobernante puede tener la legitimidad democrática, las competencias y los votos necesarios para adoptar una decisión. Todo ello puede hacer que su actuación sea perfectamente legal, pero no significa necesariamente que sea justa ni que responda al interés general. Porque gobernar no consiste únicamente en tener capacidad para decidir, sino en asumir la responsabilidad de lo que se decide y sus consecuencias.
Tampoco parece justo exigir a los demás aquello que uno no está dispuesto a cumplir. Ni reclamar ejemplaridad mientras se buscan excusas para justificar los propios errores. La responsabilidad política no puede funcionar como una puerta giratoria por la que entran las obligaciones cuando afectan al adversario y salen cuando son propias.
Quienes ocupan esas responsabilidades públicas deberían ser especialmente conscientes de ello. Sus decisiones no solo tienen consecuencias inmediatas, también transmiten una determinada manera de entender el ejercicio del poder.
Demasiadas veces hemos sustituido la conciencia por la conveniencia. Se pide perdón cuando no queda más remedio, o se rectifica solo cuando el coste de mantener el error resulta demasiado alto. Sin embargo, la verdadera medida de las personas no está en lo que defienden cuando todos aplauden, sino en lo que están dispuestas a hacer cuando actuar correctamente puede perjudicarles.
La ejemplaridad no se proclama, se practica. Una sociedad no mejora solamente porque sus gobernantes hagan lo que están obligados a hacer, sino cuando unos y otros somos capaces de responder también a aquello que nuestra conciencia nos reclama, aunque ninguna ley nos obligue a ello.
San Juan lo expresó con una claridad que sigue teniendo plena vigencia: “No amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad” (1 Juan 3,18). Quizá ahí esté la respuesta a la pregunta con la que comenzábamos. Porque entre hacer lo justo y hacer lo correcto puede haber una distancia considerable, pero es precisamente en ese espacio donde se reconoce la verdadera talla moral de las personas.
