Por pocos sentimientos altruistas que tengan nuestros conciudadanos, observarán que desde los ámbitos superiores, en sus resoluciones, intentan lograr un aumento de votos los partidos del poder, o bien su enriquecimiento personal. Además, desde esos ámbitos es más fácil la búsqueda de buenos defensores, aunque esos profesionales del Derecho exijan un mayor coste, lo que resultaría imposible para quienes desarrollan un trabajo normal.
Hay en muchos casos sospechas de corrupción de personas del grupo de los que dominan. Esos casos se tratan, pero con toda la dilación que se puede. Más todavía: las posibilidades de defensa de los encausados son mucho mayores que las de la gente de categoría inferior: tienen a abogados más prestigiosos; pueden encomendar a su defensor que responda a las preguntas que les formulen, en lugar de tener que asistir y hacerlo ellos; a menudo responden solo a lo que les pregunta su defensor y callan ante las cuestiones que les formulen otros de los presentes en el juicio. Si los encausados resultan culpables, la pena siempre suele ser menor…, y además se atreven a recurrir, para que los enjuicie otro tribunal, desautorizando sus compañeros de trabajo al juez que había tratado el caso. Uno más débil no lo osaría pretender, ni por “presunción de inocencia”; y, si todavía no basta con eso, a los poderosos les queda la esperanza de solucionarlo, aguardando la absolución del propio Tribunal Constitucional…
A menudo se requiere del implicado la entrega del pasaporte. Sin embargo, en casos de parentesco con algún personaje importante, parece que no se necesita identificarse adecuadamente lejos de su nación, sino que el interesado, dejándose acompañar por quien lo arropa, opta por salir, y basta…
Algunos de los familiares de un miembro destacado del Gobierno, han estado oficialmente desarrollando un trabajo, sin que ellos mismos supieran dónde lo ejercían; y la exesposa u otras mujeres con las que se relacionaban algunos de estos personajes y sus allegados, tampoco sabían con precisión dónde trabajaban.
La pena impuesta a una persona común, si no hay una razón de mucho peso, como puede ser una enfermedad casi terminal, tiene que cumplirse toda ella. En cambio, si a quien tiene fuerza dispositiva en el Gobierno le interesa pactar con una autonomía que le ayude a mantenerse en el poder, no hay problema para hacerlo con los criterios de esa autonomía, hasta el punto de que se le conceda al reo el tercer grado o régimen de semi libertad, en lugar de cumplir la condena de cárcel por ejemplo a lo largo de 236 o de 400 años.
En lugar de fortalecer el poder jurídico, a menudo se crean formas que permitan resoluciones políticas, en detrimento de la legalidad.
Para la aceptación de inmigrantes en España, en lugar de hacerlo de modo incontrolado, deberían tener preferencia las personas de costumbres semejantes a las de los españoles, como acontece con los hispanos y demás latinoamericanos. Claro que procedería, para darles entrada, el ofrecerles un trabajo digno, en lugar de condescender con el ejercicio de la mendicidad como modo de vida, en las puertas de los supermercados o por las calles.
Hay otra cosa que procede indicar, y que es en buena parte consecuencia de la falta de trabajo fijo. Se trata de los robos, que se están prodigando en nuestra nación, cada vez con más virulencia. Es una situación propicia para el hurto el no tener un trabajo estable.
Por otra parte, acontece con cierta frecuencia, en nuestro país, el que un avión privado lleve a otra nación a un personaje importante, para que se diluya ante la gente un problema judicial que les acucia. En su ausencia, no faltarán apoyos desde otro ámbito de poder, que acusen a los jueces del caso de conducta inapropiada con el político en cuestión o con alguno de sus familiares, implicados en algún delito.
Ante ese cúmulo de corrupciones, hemos de clamar, pidiendo que tengan los mismos derechos unos y otros en el ejercicio de la justicia, en lugar de resultar privilegiados los más poderosos.
