El Gobierno dio un paso significativo desclasificando documentos del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Aquel día, con la irrupción de Antonio Tejero en el Congreso, la incertidumbre paralizó al país y la joven democracia española vivió su momento más crítico desde la muerte de Franco.
Abrir ahora los archivos supone reforzar la memoria democrática y reconocer que el conocimiento del pasado pertenece a la ciudadanía. Saber qué ocurrió, qué decisiones se tomaron en los despachos y qué comunicaciones circularon entre mandos militares y autoridades civiles es esencial para que los historiadores puedan ofrecer una reconstrucción rigurosa de los hechos.
Pero no solo es una cuestión académica. Cuanta más luz se arroje sobre los episodios importantes de nuestra historia reciente más sólida será la cultura democrática. La memoria histórica, la transparencia retrospectiva fortalece la confianza en las instituciones y desmonta mitos o teorías interesadas.
Para quienes vivimos aquellos días, la desclasificación despejó dudas y a las nuevas generaciones les ayudará a comprender que la democracia no fue un regalo caído del cielo, sino una conquista que pudo quebrarse. No se quebró porque el Rey paró el golpe, defendió la democracia y legitimó la Corona. Para la historia, los aciertos de estadista pesan mucho más que los errores del hombre.
Dicho esto, la desclasificación del 23-F también fue interpretada por algunos sectores como una “cortina de humo” del Gobierno para desviar la atención de las polémicas, acusaciones y problemas que le rodean. En este sentido es legítimo exigir que la apertura de documentos de hace cuarenta y cinco años conviva con una mayor transparencia de la gestión del Ejecutivo de asuntos actuales. Desclasificar el pasado es positivo, pero no puede sustituir la rendición de cuentas en el presente.
En los últimos años, decisiones sensibles como el giro sobre el Sáhara y las relaciones con Marruecos, la gestión del viaje a Madrid de Delcy Rodríguez, el apagón energético, el rescate del Plus Ultra y viajes rodeados de misterio están amparadas bajo la etiqueta de “secreto de Estado”. La seguridad nacional lo justifica en ocasiones, pero el recurso frecuente a esa clasificación erosiona la confianza pública si no se dan explicaciones claras en el Parlamento, sede de la soberanía nacional.
Una democracia madura necesita memoria y necesita transparencia. La primera nos enseña de dónde venimos. La segunda exige que quienes gobiernan hoy deben hacerlo bajo la luz del escrutinio ciudadano. Desclasificar los papeles del 23-F es una buena noticia. Pero el compromiso con la verdad y la rendición de cuentas no pueden ser selectivos, ni limitados al pasado. La historia nos recuerda lo que estuvo en juego en 23-F y el presente exige transparencia para que esa lección no se olvide.
