La Vuelta Ciclista a España debía culminar, como cada año, en un clima de
fiesta deportiva y proyección internacional. Sin embargo, la última etapa se
convirtió en un bochornoso espectáculo, al ser suspendida por la presión de los
agitadores de la izquierda pro palestina.
Que el Ejecutivo mire hacia otro lado, o celebre, la irrupción de estos grupos en
este evento deportivo es un error histórico. Porque lo que está en juego no es
solo una carrera ciclista, es la credibilidad de un país que transmite al mundo la
impresión de que cualquiera puede torcer su rumbo con el suficiente alboroto
callejero. Hoy ha sido La Vuelta, pero ¿qué ocurrirá cuando estos mismos
agitadores decidan hacer lo propio con otros eventos de masas? La semilla de
la inseguridad ya está plantada, y las consecuencias serán tan imprevisibles
como dañinas.
Especialmente inquietante ha sido la actitud del presidente del Gobierno. En
lugar de contribuir a rebajar la tensión, su discurso ha alentado a quienes ven
en la protesta no una herramienta de expresión, sino un arma de presión
política. Cuando quien debe garantizar la serenidad institucional adopta una
retórica incendiaria, lo que hace es otorgarles un salvoconducto moral para
actuar con impunidad. El Estado pierde autoridad y cede terreno ante quienes
aspiran a imponer sus postulados por la fuerza o la intimidación.
La izquierda radical justifica el boicot apelando a los “derechos humanos” y al
“pueblo palestino”. Pero su discurso resulta una coartada tan hueca como
selectiva. Claman contra Israel mientras olvidan deliberadamente la represión
cotidiana de tantos regímenes afines ideológicamente. Su moral es de
geometría variable. El compromiso con los derechos humanos no puede
depender del color político del régimen que los viola. Lo de Gaza es excusa y
bandera, lo de Caracas, silencio cómplice.
España está atrapada en medio de una indecorosa competición electoral entre
las distintas facciones de una izquierda desnortada, donde cada grupo pugna
por exhibir más radicalismo que el vecino, como si el ruido, la crispación y la
confrontación fueran virtudes políticas.
Las consecuencias no son menores. Se perjudica a los deportistas, que ven
frustrado su esfuerzo. A los aficionados, al turismo y a la imagen internacional
de España, que pierde credibilidad como anfitriona de grandes
acontecimientos.
La pregunta ya no es qué ocurrió el pasado domingo, sino qué permitiremos
que ocurra a partir de ahora. Si como sociedad aceptamos que la protesta se
convierta en sabotaje, estaremos cediendo terreno a una cultura política
basada en la imposición y no en el diálogo.
Es responsabilidad del Gobierno garantizar que la ley se cumpla sin
excepciones, y que el espacio público no se convierta en rehén de intereses
ideológicos. Pero también es tarea de la sociedad civil no mirar hacia otro lado.
La democracia no se defiende solo en las urnas, sino cada día, en la firmeza
con la que exigimos respeto a las reglas, convivencia sin amenazas y libertad
sin condicionantes.
España no puede permitirse vivir sometida al chantaje de quienes desprecian la
legalidad. Reaccionar con firmeza, dentro del marco democrático, es hoy una
necesidad. Tolerar la intimidación como forma de acción política es,
simplemente, renunciar a la democracia.
