Ya tenemos presidenta del consejo general del poder judicial y del supremo y el 57% de mayoría de mujeres juezas con lo que cabe esperar que la justicia en general está a la altura de proteger el Estado de Derecho y repare el daño causado de los particulares despachando en tiempo razonable las sentencias.
Está bien que los jueces/as sean inamovibles de sus cargos por el poder político, aunque la cúpula judicial sea nombrada por los partidos, pero esto no puede eximir del deber del cumplimiento de las leyes tanto por jueces como por políticos. No es función de los jueces hacer política criticando las leyes que deben aplicar, ni tampoco los políticos dictar sentencias. Ni los jueces ni los políticos no deben interferir en política partidaria por mucha ideología que tengan. La ética profesional de los jueces/as debe estar por encima de todo para mantener la separación de poderes y ser los primeros en dar ejemplo.
Ahora que el PP desbloqueó el Consejo General de Poder Judicial a instancias del Comisario de la UE, los nuevos responsables de la cúpula judicial están en condiciones y legitimados para impulsar el mejor funcionamiento de la justica y su imagen tantos años deteriorada. En esta ocasión fueron los propios vocales en la quinta reunión, los que eligieron una presidenta. Según parece, no hubo en este proceso intervención de los partidos políticos. Debe esperarse, por primera vez en la historia, que con una mujer presidenta del Consejo General del Poder Judicial, y el 57% de mujeres juezas, salgamos beneficiados con sentencias ágiles que reparen el daño causado a los afectados y se fortalezca la democracia, el Estado de Derecho sin jueces políticos y sin políticos jueces.
Una vez renovada la cúpula judicial tal como dice la Constitución, ahora el PP puede proponer la ley de que los jueces elijan a los jueces, y también pueden proponer una ley para que los jueces sean elegidos por la ciudadanía como se hace en otras democracias.
Los partidos tienden hacer leyes más bien a modo de propaganda partidaria, que son los primeros en incumplirlas. El aparato coercitivo del Estado es el que tiene que mantener el orden constitucional a todos los niveles para que todos sigamos iguales ante la ley, en vez de escuchar a grandes oráculos del Estado diciendo que todos somos iguales ante la ley mientras ellos se las saltan a la torera sin sonrojarse.
Quedó claro que en la institución judicial y en los partidos hay sujetos que se dedican a enturbiar y distorsionar la democracia y el Estado de Derecho en vez de cumplir con su deber. Lo que están haciendo algunos jueces y políticos con sus hechos y declaraciones desprestigian la justicia y la política. Ahí tenemos las declaraciones sacadas en todos los medios en enero de este año del vicesecretario del PP González Pons que cargó contra el TC diciendo que era el cáncer contra el Estado de Derecho. No decían lo mismo cuando su mayoría conservadora bloqueó la renovación del Poder Judicial y el TC incumpliendo la Constitución. Ningún dirigente político se atrevió a decir tal barbaridad contra el Supremo, ni contra el TC, pese a que el PP lo tuvo bloqueado y caducado más de cinco años. Luego se quejan de que no hay separación de poderes.
