A finales de setiembre publicaban varios medios una noticia, cuando menos, curiosa: “Activistas antidesahucios piden desalojar a unos okupas de su piso”. Ocurrió en Barcelona y los protagonistas son una familia que pertenece a colectivos que defienden la okupación y ahora experimentan en propia carne la usurpación de su propiedad por parte de personas que defendían.
Por eso los ahora okupados, padre e hija, cambiaron de bando y, de formar parte activa del sindicato defensor de los okupas, dejaron el megáfono y piden desalojar de su vivienda a los intrusos que nunca les pagaron el alquiler y se niegan dejarla. Para más inri, esos “inquilinos” no son unos pordioseros, tienen trabajo y una aceptable posición, pero no pagan, mientras que los propietarios hacen frente cada mes a las facturas de gas, luz y 573 euros de hipoteca.
Los internautas fueron crueles con ellos. Unos les aconsejan que hablen con la ministra de Igualdad; otros les recuerdan que cuando impera la ley de la selva siempre aparece uno más fuerte, y casi todos sostienen que están recibiendo su propia medicina.
Tampoco falta la ironía fina de un lector que abunda en la opinión unánime de otros lectores y apostilla en El Periódico de Cataluña: “José Luis, ¿no lloras de emoción ante la solidaridad que levanta tu situación?. Dinos algo”
El fenómeno de la okupación trasciende a este caso e impacta en la sensibilidad ciudadana. Las redes sociales están plagadas de comentarios condenatorios muy razonables, como este: “Un país donde un ohupa tiene más derechos que el propietario necesita un cambio radical”. O este otro: “¿Me pueden explicar qué país es este en el que a un pensionista de 80 años le cortan la luz por no abonar 10 euros y a un okupa no se la pueden cortar porque, según algunos políticos, son necesidades básicas que hay que atender?”.
En los mismos días que se conocía este caso, el PSOE presentaba dos enmiendas a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia -¡manda huevos!, diría Trillo- para desalojar a los okupas en 48 horas. Esas enmiendas irritaron a sus socios para los que la okupación “es un problema que no existe, fue inventado por la derecha”. Que pregunten a los okupados de Barcelona. O al Ministerio del Interior cuyos datos refieren un aumento del 46% desde 2018 y solo el año pasado se registraron 17.264, un 17% okupaciones más que el año anterior.
Un viejo refrán sentencia que “no hay peor cuña que la de la misma madera”, que un internauta actualizó de esta guisa: “Quítale el móvil a un okupa o un piso a sus defensores y ya verás cómo entienden lo que es la propiedad privada”. Es la mejor medicina para resolver el problema.
