“El Castellano en Cataluña”. José Castro

EL Gobierno aprobó en marzo el PERTE Nueva economía de la lengua dotado con 1.100 millones, de los cuales 475 irán destinados al conocimiento del español y a potenciar su aprendizaje por el mundo. “La lengua –dijo la vicepresidenta Calviño– es uno de los factores fundamentales para el desarrollo tecnológico y empresarial. Tenemos que aprovechar el valor económico, cultural y social de nuestro principal activo inmaterial y conseguir una Inteligencia Artificial que piense y nos entienda en nuestra lengua”.

Mientras el Gobierno promociona la lengua oficial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio un ultimátum a la Generalitat para que cumpla con la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en todos los centros educativos. Pero el Govern, experto en desobedecer a los tribunales españoles, burla el cumplimiento del mandato judicial y pacta una ley que consagra el catalán como lengua vehicular sin incluir porcentaje alguno para el castellano, que queda como “lengua curricular”, como cualquier otro idioma.

Para los ciudadanos que piensan, que son multitud, es imposible entender la manía persecutoria que los gobernantes de Cataluña –también de Valencia y Baleares– ejercen sobre la lengua castellana, la segunda más hablada del mundo. Ese ensañamiento con el idioma común entraña más gravedad porque están privando a los escolares del derecho a conocer el castellano que necesitarán mañana en cuanto crucen los Pirineos o el Atlántico.

El poder autonómico, dice el escritor Juan Claudio de Ramón, “libra una larga campaña para que los catalanes dejen de vivir el bilingüismo heredado como un activo de gran valor en sus vidas y basculen hacia una comunidad monolingüe, hacia el férreo monocultivo identitario”. Para el profesor Nuccio Ordine “Cataluña no debe crear fronteras con España. Apreciar la propia lengua debe llevar a apreciar otras lenguas, sin crear rencores ni conflictos de identidad”.

El TSJC instó a la Alta Inspección Educativa del Estado a verificar que la sentencia judicial se cumple pero, para no molestar a los independentistas catalanes, esa entidad fue neutralizada por el Gobierno, que también pidió al alto tribunal a través de la Abogacía del Estado que no pusiera en marcha la ejecución de la sentencia que establece un mínimo del 25% de castellano en el sistema educativo.

Parece una contradicción que el Gobierno destine tanto dinero a potenciar el conocimiento del castellano dentro y fuera de España mientras hace dejación de funciones en Cataluña consintiendo que se atropelle el derecho de los escolares a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado. Juzguen ustedes.