Antes de nada, una imagen. Más de cincuenta mil personas entran por la
fuerza en territorio español en apenas unas horas. La frontera desbordada.
Agentes exhaustos. Una ciudad española en situación de emergencia. Y,
mientras tanto, el Gobierno es incapaz de transmitir una idea tan sencilla como
imprescindible: que las fronteras de España son inviolables.
Lo sucedido en Ceuta no ha sido únicamente una crisis migratoria. Ha sido,
sobre todo, una prueba de fortaleza del Estado. Y España la ha suspendido.
Cuando un país es incapaz de controlar el acceso a su territorio, el mensaje
que proyecta es devastador. No solo se pone en cuestión la eficacia de sus
instituciones, también su capacidad para ejercer su soberanía.
Las fronteras no son una cuestión ideológica. Son el primer deber de cualquier
Estado. Sin control de las fronteras no existe política migratoria, ni seguridad, ni
credibilidad internacional.
Con Pedro Sánchez las crisis con Marruecos terminan siempre del mismo
modo: con cesiones, silencios o humillaciones diplomáticas impropias de un
país como el nuestro. Resulta pues legítimo pedirle ya explicaciones por los
motivos de esa actitud.
No es ningún secreto que Marruecos atraviesa importantes tensiones internas.
El elevado desempleo, especialmente entre los más jóvenes, la emigración de
profesionales cualificados y el endurecimiento de la represión política dibujan
un escenario complejo. En ese contexto, el uso de la presión migratoria como
instrumento de política exterior deja de ser una hipótesis para convertirse en un
riesgo que cualquier Gobierno responsable debería anticipar.
Precisamente por eso resulta aún más difícil comprender la pasividad del
Ejecutivo español. Gobernar consiste, entre otras cosas, en prever los riesgos
antes de que estallen. Si los servicios de inteligencia conocían la posibilidad de
esta nueva ofensiva migratoria y el Gobierno no actuó, estamos ante una grave
negligencia política. Y si nadie fue capaz de preverla, el problema todavía es
mayor. En ambos casos, la responsabilidad recae sobre quien gobierna.
Ceuta y Melilla no son únicamente ciudades españolas, son también frontera
exterior de la Unión Europea. Defenderlas no constituye un gesto de orgullo
nacional, sino una obligación constitucional y un compromiso con nuestros
socios europeos.
La diplomacia exige diálogo, pero también firmeza. Los aliados respetan a
quienes defienden con claridad sus intereses. Nadie espera de España gestos
estridentes, pero sí determinación para dejar claro a Marruecos que cualquier
presión sobre nuestra integridad territorial tendrá consecuencias políticas y
diplomáticas. Lo contrario solo alimenta la percepción de que la presión
funciona y de que España ha perdido capacidad de disuasión.
Las naciones no pierden prestigio ni soberanía de un día para otro. Lo van
haciendo lentamente, cada vez que aceptan una presión sin respuesta, cada
vez que sustituyen la firmeza por el silencio y cada vez que sus adversarios
comprueban que tensar la cuerda sale gratis. Ese es el verdadero daño de
episodios como el de Ceuta.
Y la historia enseña una lección que ningún gobernante debería olvidar: las
fronteras no se quiebran cuando alguien las cruza. Empiezan a quebrarse
cuando quienes tienen la obligación de defenderlas dejan de transmitir la
voluntad firme de hacerlo.
